29 de enero de 2026

Fin del BIM de cortesía con la entrada del Nivel 3 del Plan BIM del gobierno 

El 1 de enero de 2026 no cambia solo una cifra en el BOE, se desplaza el centro de gravedad de la contratación pública hacia un modelo en el que trabajar sin BIM deja de ser una anomalía avanzada para convertirse en una desventaja estructural. Los umbrales de 5.404.000€ para Nivel BIM Medio y de 2.000.000€ para Nivel BIM Inicial cristalizan una tendencia europea que lleva una década madurando: usar la contratación pública como palanca de digitalización del sector de la construcción, en línea con los objetivos del Plan BIM del gobierno.

• En 2026, el Plan BIM del gobierno deja de ser orientativo y pasa a condicionar el acceso a la obra pública.
• Contratos entre 2 y 5,4 M€ exigirán Nivel BIM Inicial y por encima de 5,4 M€, Nivel BIM Medio obligatorio.
• El modelo BIM pasa de ser un apoyo de proyecto a convertirse en referencia contractual.
• Estudios, ingenierías y constructoras sin estructura BIM interna asumen un riesgo real de exclusión.
• 2026 marca un punto de inflexión: BIM ya no es ventaja competitiva, es condición de mercado.

Los SARA desde Bruselas marcan al Plan BIM del Gobierno

El origen de las cifras de 5.404.000 € y 2.000.000 € no está en un despacho del MITMA (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), sino en la revisión periódica de los umbrales SARA (contratos sujetos a regulación armonizada) que marcan cuándo una licitación queda sujeta a la plena aplicación de las Directivas europeas de contratación pública. La Comisión Europea actualiza cada dos años estos importes mediante reglamento de aplicación directa, y para el periodo 2026‑2027 el umbral de obras pasa de 5.538.000 € a 5.404.000 €, arrastrando consigo toda la arquitectura normativa nacional que pivota sobre esa cifra.

La Ley de Contratos del Sector Público se ajusta a estos nuevos importes y, con ella, el Plan BIM del gobierno para la Contratación Pública de la Administración General del Estado, aprobado por Orden PCM/818/2023, que estructura la progresiva obligatoriedad de BIM precisamente en función de dichos umbrales. El Plan BIM no inventa el marco; lo interpreta: toma el esqueleto europeo de contratación estratégica y lo recubre con un calendario de implantación, niveles de exigencia y acciones de acompañamiento para que la digitalización no se quede en un requisito formal de pliego.

El resultado es que, a partir de 2026, no solo aumentan ligeramente las cifras, sino que se reorganiza la relación entre importe del contrato y nivel BIM exigido: a partir de 5.404.000 € se pide Nivel BIM Medio, entre 2.000.000 € y 5.404.000 € se exige al menos un Nivel BIM Inicial, y por debajo de esos importes se abre la puerta a una aplicación más flexible pero ya difícilmente marginal. En la práctica, esto significa que una parte mucho mayor del volumen de obra pública relevante entra en el radar BIM, no como recomendación sino como condición de acceso.

BIM como estrategia de digitalización para la UE

Conviene recordar que la digitalización de la construcción y la adopción de BIM no se entienden en Bruselas como un capricho tecnológico, sino como una herramienta para reforzar lo que la UE llama “contratación pública estratégica”: usar el poder de compra del Estado para impulsar innovación, eficiencia y sostenibilidad. El Plan BIM del gobierno español, tal y como se recoge en la Orden PCM/818/2023 y en su documento técnico, se alinea explícitamente con esta lógica, vinculando BIM con mejora de la eficiencia del gasto, reducción de sobrecostos y mayor transparencia en el ciclo completo del contrato, desde la planificación hasta la explotación.

En este contexto, los nuevos umbrales BIM de 2026 no son un cambio aislado, sino una fase más de un calendario 2024‑2030 que busca pasar de un uso exploratorio de BIM a un uso estructural, normalizado, comparable entre administraciones. La Comisión Interministerial BIM no solo define niveles y umbrales, sino que asume un papel de coordinación para evitar que cada organismo público improvise su propia “versión local” de BIM, un riesgo que en la práctica aún no está completamente conjurado.

La diferencia real del Nivel Inicial y Medio

Sobre el papel, el Plan BIM del gobierno define cinco niveles (desde pre‑BIM hasta integrado), pero en el terreno, para 2026, la frontera relevante es la que separa el Nivel BIM Inicial del Nivel BIM Medio. No se trata solo de “más o menos detalle de modelo”, sino de un salto cualitativo en la forma de concebir el proyecto, coordinar agentes y gestionar la información.

Nivel BIM Inicial

El Nivel BIM Inicial describe, en realidad, una transición desde la cultura del plano enriquecido hacia un modelo que ya soporta información, pero donde el foco sigue estando en “que el modelo exista” y en que permita producir documentación gráfica más coherente. En la práctica, en 2026 un contrato en Nivel Inicial suele implicar: modelos disciplinarios relativamente simples, énfasis en el diseño geométrico y en la detección básica de interferencias, intercambio de modelos mediante formatos abiertos (IFC) pero sin un entorno de datos común plenamente operativo, y un uso limitado de la información más allá de la fase de proyecto.

En la mesa de un estudio o de una ingeniería, eso se traduce en equipos que modelan principalmente para sí mismos, con una coordinación todavía muy apoyada en exportaciones periódicas y en reuniones de revisión, y donde el modelo se percibe como un instrumento necesario para licitar, pero no necesariamente como el eje de la gestión del contrato. Es un BIM que ayuda a reducir incoherencias y retrabajo, pero que no transforma la manera de tomar decisiones ni la relación entre proyecto, obra y explotación.

Nivel BIM Medio

El Nivel BIM Medio, en cambio, obliga a dar un paso incómodo pero decisivo: el modelo y los datos dejan de ser un subproducto del proceso de diseño y se convierten en el canal principal de coordinación entre agentes. Aquí el entorno común de datos (CDE) deja de ser un repositorio de archivos para convertirse en la infraestructura de trabajo, con flujos de validación, control de versiones y trazabilidad definidas en los requisitos de información del empleador (EIR) y en el plan de ejecución BIM.

En proyectos reales, eso implica que el nivel de exigencia sobre la calidad, consistencia y puntualidad de los modelos aumenta de forma notable: la administración empieza a pedir modelos aptos para mediciones fiables, análisis de costes, planificación 4D y, en algunos casos, simulaciones energéticas o de operación futura. Los modelos ya no se aceptan como “representaciones aproximadas” siempre que los planos salgan correctamente; se convierten en la fuente de verdad a partir de la cual se articula la obra y se preparan las fases posteriores del activo.

La diferencia profunda, por tanto, no está en cuántos LOD (Nivel de desarrollo) se escriben en el pliego, sino en cuánto riesgo está dispuesto a asumir cada agente sobre la base de lo que dice el modelo: en Nivel Inicial el riesgo sigue pivotando en gran medida sobre los documentos tradicionales, mientras que en Nivel Medio empieza a trasladarse a una información digital que, si falla, compromete el contrato entero.

Del BIM “de proyecto” al BIM “de contrato”

Para estudios de arquitectura y oficinas de ingeniería, el salto que fijan los umbrales de 2026 marca una frontera generacional. Quienes se han limitado hasta ahora a realizar modelos “para cumplir” en concursos o licitaciones aisladas, con equipos BIM híbridos y apoyándose en consultores externos puntuales, se encontrarán con que esa estrategia deja de ser sostenible cuando una parte significativa de los contratos de más de 2 millones entra automáticamente en el ámbito BIM.

La pregunta ya no es si “compensa” invertir en BIM, sino si la firma quiere seguir jugando en la liga donde se deciden los contratos de mayor volumen económico. Sin una estructura mínima de roles (coordinación BIM, responsables de disciplina con criterio digital, capacidad para gestionar EIR y BEP) y sin un dominio técnico aceptable de las herramientas y estándares (IFC, clasificación, procesos alineados con ISO 19650), el riesgo de exclusión sistemática en licitaciones relevantes es tangible.

Al mismo tiempo, los despachos que han entendido BIM como una palanca de reposicionamiento, no solo como un coste de cumplimiento, están en mejor disposición para convertir el Nivel Medio en ventaja competitiva: capacidad para ofrecer simulaciones, escenarios, análisis de constructividad y propuestas de optimización basadas en datos que la administración, cada vez más, empieza a valorar. El mercado, sin embargo, sigue mostrando una brecha significativa entre un núcleo de firmas bien estructuradas y una mayoría que aún percibe BIM como una capa adicional más que como una transformación del proceso de proyecto.

Modelo BIM como terreno de juego

Para las empresas constructoras, la entrada en vigor de los nuevos umbrales llega en un momento en que muchas ya han realizado inversiones notables en equipos BIM, pero no siempre han conseguido integrar ese esfuerzo en la lógica global de la empresa. Existen direcciones de producción que siguen gestionando la obra con herramientas y dinámicas tradicionales mientras la célula BIM trabaja en paralelo, casi como un departamento de I+D aislado.

El Nivel BIM Medio en contratos por encima de 5.404.000 € hace que esa locura interna sea difícil de sostener: si el modelo pasa a ser referencia contractual y herramienta de planificación, la estructura de obra debe alinearse con los flujos digitales, no al revés. Esto implica cambios en la forma de planificar, certificar, gestionar subcontratas y documentar cambios, y obliga a la constructora a asumir que la calidad de su participación en BIM condicionará su reputación y sus resultados, especialmente bajo el marco del Plan BIM del gobierno.

Las consultoras especializadas en BIM, por su parte, se encuentran ante una demanda creciente pero también ante un riesgo: seguir vendiendo “servicios BIM” como paquete autónomo, desconectado del proceso de decisión técnica y económica del cliente, puede llevar a consolidar una dependencia crónica. El escenario 2026‑2027 empuja hacia modelos de acompañamiento más integrados, donde el consultor participa en la definición de estrategias, no solo en la producción técnica de modelos y documentos.

La Administración pública liderando y bloqueando el BIM

El Plan BIM del gobierno asigna a la Administración General del Estado un papel de liderazgo en la implantación, pero la realidad del sector español es fragmentada, con administraciones autonómicas y locales con capacidades muy dispares. Este es uno de los puntos críticos de la nueva etapa: la actualización de umbrales y niveles BIM no garantiza, por sí sola, que los órganos de contratación dispongan de pliegos maduros, equipos formados y plataformas tecnológicas adecuadas.

En algunos ministerios y grandes organismos públicos se han desarrollado plantillas de EIR (Requisitos de información del empleador), guías y entornos de datos relativamente robustos, mientras que en muchos ayuntamientos y diputaciones el conocimiento BIM sigue concentrado en un par de técnicos aislados, sin respaldo estructural. El riesgo de que, ante la presión normativa, se generalicen pliegos que copian definiciones sin entenderlas, pidiendo, por ejemplo, un Nivel Medio sin capacidad real de evaluar y gestionar lo solicitado. Es real y ya se ha observado en licitaciones recientes.

¿Cuáles son los Riesgos de no adaptarse?

Los riesgos de no adaptarse a tiempo al Plan BIM del gobierno, a partir de 2026, dejan de ser teóricos. El primero es la exclusión directa de licitaciones: requisitos BIM mínimos que muchas empresas solo podrán cumplir sobre el papel, a riesgo de impugnaciones, o que sencillamente las dejarán fuera del mercado de contratos de obra de cierta entidad.

El segundo tiene que ver con la pérdida de competitividad incluso cuando se logra acceder a los concursos. Un equipo que hace BIM a la defensiva, sobrecargando al personal, improvisando flujos, subcontratando a última hora o repitiendo errores de otros proyectos, difícilmente podrá competir con organizaciones que han integrado BIM en sus procesos, reducen incertidumbre y se apoyan en el modelo para plantear propuestas más sólidas y ajustadas.

El tercer riesgo es la consolidación de una brecha creciente entre empresas “digitalizadas” y empresas básicamente “operativas”, que todavía trabajan con herramientas digitales pero sin lógica de datos ni de procesos. La actualización de umbrales convierte esta brecha en una frontera económica. A un lado, quienes compiten en contratos por encima de los 2 millones; al otro, un mercado de obras de menor escala donde la presión BIM es menor, pero donde el margen y la estabilidad son también más frágiles

¿Qué está funcionando y qué llega tarde?

Sería injusto afirmar que el Plan BIM del gobierno llega tarde en términos absolutos: la creación de la Comisión Interministerial en 2018, la aprobación del Plan en 2023 y el inicio de su aplicación obligatoria a partir de 2024 representan un esfuerzo coordinado relevante en un país donde la coordinación interadministrativa no es precisamente sencilla. Se ha avanzado en marcos de referencia, en guías, en formación y en generar un lenguaje común que hace una década era inexistente.

Sin embargo, la sensación de una parte del sector es que la curva de exigencia normativa se está adelantando a la curva de madurez real de muchas organizaciones, especialmente en la administración local y en el tejido de pymes. El riesgo de que la respuesta sea formalista, es decir, cumplir el expediente, pedir modelos sin integrarlos de verdad en la toma de decisiones, es elevado, y ya se perciben disonancias entre lo que dicen los pliegos y lo que realmente se utiliza durante la obra.

Lo que sí está funcionando mejor es la normalización de la conversación. BIM ya no se discute como “si” debe implantarse, sino como “cómo” hacerlo de manera razonable y proporcionada. La vinculación explícita del Plan BIM del gobierno con la eficiencia del gasto público y la innovación en la construcción refuerza la legitimidad de la inversión en capacidades digitales, también en un contexto presupuestario tensionado.

Errores que se repiten en la implantación

El sector repite algunos errores que ya se vieron en otros países pioneros. El primero es la confusión entre herramienta y metodología, aún se encuentran licitaciones que confunden BIM con una lista de formatos de archivo o con la presencia de determinada solución software, sin mirar a la estructura de información, a la gobernanza de datos ni a la colaboración real entre agentes.

El segundo es el enfoque centrado en “cumplir el nivel” en lugar de “definir el propósito”. El Plan BIM del gobierno ofrece un marco de niveles que, bien entendido, permite modular la exigencia en función de objetivos; mal entendido, se transforma en un checklist rígido donde lo importante es poder marcar casillas, no que los modelos sirvan de verdad para mejorar el proyecto y la obra.

El tercero es la externalización excesiva de la responsabilidad BIM: estudios, ingenierías y constructoras que delegan casi por completo el diseño del proceso digital en consultoras externas, sin construir capacidad interna. A corto plazo permite “llegar” a 2026; a medio plazo, condena a estas organizaciones a una dependencia permanente y a una débil capacidad para aprender de proyecto a proyecto.

2026 como punto de inflexión estructural en BIM

La entrada en vigor, el 1 de enero de 2026, de los nuevos umbrales que obligan al Nivel BIM Inicial entre 2.000.000 € y 5.404.000 € y al Nivel BIM Medio por encima de 5.404.000 € no es un mero ajuste técnico derivado de un reglamento europeo. Es el momento en que la digitalización del sector de la construcción, en España, queda institucionalmente ligada al segmento de mayor valor de la obra pública, y donde trabajar fuera de BIM deja de ser una opción viable para cualquier agente que aspire a permanecer en ese espacio dentro del Plan BIM del gobierno.

El reto para arquitectos, ingenieros, constructoras, consultoras y administraciones no es solo aprender a manejar nuevas herramientas, sino aceptar que la forma de proyectar, contratar y construir se reordena alrededor de la información digital como activo central del contrato. Quien interprete 2026 como un trámite administrativo más probablemente llegará tarde; quien lo lea como el inicio efectivo de un cambio estructural tendrá todavía margen para decidir de qué lado de la brecha quiere situarse.